Del Mercurio al “Caso Morell”, (Podemos): Los conflictos de intereses en el Ayuntamiento de Sabadell

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Aunque no fuera el caso y las diferencias son en efecto sensibles, el Caso Marta Morell, tenienta de alcaldesa por Podemos en el gobierno que encabeza Marta Farres (PSC), no ha dejado de despertar los fantasmas del Caso Mercurio. Se diga o no, vaya en más implícito o explícito, así es. Motivo pues para un cierto análisis: Va de conflictos de intereses.

El del célebre Mercurio es, en efecto y en todo él, una sucesión de “conflictos de intereses”. Esto es, cuando intereses privados entran en colisión con el interés público, caso de administraciones políticas. También cabe dentro de empresas y sociedades privadas, de una parte de ellas respecto al conjunto de sus socios o componentes.

En el Mercurio, los imputados y ya en algunas piezas condenados, hubieron o habrian hecho valer su poder e intereses contra el interés común ciudadano, fuera en la supresión de multas o el cobro de comisiones en adjudicaciones de obra pública. Además, otro caso local ilustraría esta figura, por agentes y actos: El de Vimusa en 2007 , aunque sin causa penal abierta.

Lo detalló El País: Como representante del Gremi de Constructors, su presidente Melquíades Garrido y a la vez tio del entonces alcalde Bustos, entró en el consejo de Vimusa, en el cual se decidió la adjudicación de obras a miembros de dicho Gremio. La cuestió giró en torno a si Melquíades Garrido se inhibió o no en el acto de dichas adjudicaciones.

Comprensible pues, y en Sabadell de modo muy particular, que la simple mención a conflicto de intereses dispare alarmas. Han saltado, y de aquí el proceso ahora abierto a raíz que, en el pleno municipal del pasado viernes, el portavoz de Ciutadans, Adrián Hernández invocó tan fatídico término a propósito del nombramiento de Juanjo Cáceres, doctor en Historia y diplomado en Empresariales, con actividades y publicaciones ambas especialidades.

Se trata del responsable de finanzas de Podemos en Catalunya y, según indica su mismo domicilio, el de los dos, convive con Marta Morell, tenienta de alcaldesa en el gobierno que encabeza Marta Farrés (PSC). El mismo viernes, el propio gobierno anunció que llavaba el nombramiento a la comisión municipal de ética, establecida por el Código Ético Municipal.

Aunque no se haya planteado en estos términos, la cuestión sería si en el nombramiento de Juanjo Cáceres, o también la de otros asesores políticos municipales porque en los recien contratados hay otros casos quizá afines (a indicar más adelante) y no mencionados, se da de por sí conflicto de intereses, o si se trataría solo de prevenir que pudieran incurrir en ello.

Adrián Hernández invocó, pero solo en su primer párrafo, el punto 6.2 de dicho código. En él enumera casos en los cuales  podría darse conflicto de intereses, entre cargos municipales. Van desde el propio interés (actuar en beneficio propio contra el común o público) a los grados de parentesco hasta el cuarto, y asimismo amistades o enemistades, litigios, o relaciones profesionales.

El segundo párrafo del artículo concreta que, para evitar intereses particulares, los cargos municipales “s’inhibiran (en los casos previamente enumerados) de participar en l’assumpte en qüestió, i concretament s’abstindran d’intervenir i votar en qualsevol deliberació vinculada, comunicant aquesta situació de manera immediata a l’òrgan competent”.

Juanjo Cáceres ha entrado como asesor municipal en el paqueta de cuatro cargos de este tipo que ha nombrado el gobierno municipal, por libre decisión y a condición, claro está, de eventuales. Cuando termine el mandato vence el contrato. Y van además otros cuatro, uno por cada grupo municipal respectivamente, contratados en iguales o parecidos términos.

Evidentemente, todos ellos tienen relaciones de cierta afinidad o amistad, o por lo menos de plena confianza, con los ediles a quienes por ello deben sus nuevos cargos, La “amistad” va en esa misma relación de supuestos que refiere el código ético. Más que un “o todos moros o todos cristianos”, da a pensar que la amistad o el parentesco no impiden estos nombramientos, y que en todo caso el código previene que se llegara a dar conflicto de intereses en otros actos administrativos.

Pero, lo esté o no, no ha quedado claro, cierto. Lo confirmará o desmentirá el dictamen en cuestión, de aquí a dos meses en el plazo que se ha dado. Otra situació sería que este o cualquiera de los demás asesores no cumpliera el cometido para el que ha sido contratado. En Francia existe, para ello, todo un delito establecido: el de “empleo ficticio”, tal como recordó El Dia de Sabadell.

El de los asesores, que sin ser elegidos por los votantes ni ser funcionarios con plaza, cobran de fondos públicos es un tema complejo, y motivo de numerosas suspicacias en cuanto a conflictos de intereses. Hay paises e instituciones pública donde se vela por su vinculación con empresas o instituciones económicas o sociales de carácter privado: Lo del “lobbismo”.

Tras años de laxitud, y también proliferación de escándalos, el Parlamente Europeo advierte en su propia web: “Los asistentes deben evitar actividades externas que puedan generar un conflicto de intereses. Desde 2009, los diputados al P(arlamento) E(uropeo), ya no pueden incorporar a su personal a parientes cercanos“. Pregunta final: ¿también en el Ayuntamiento?

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