Prisión provisional para los tres CDR sabadellenses que han comparecido ante la Audiencia Nacional

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Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional

En el trámite previo al auto del juez Manuel García Castellón, en la Audiencia Nacional, la fiscalía de este tribunal especial ha hecho pública este mediodía su petición: Prisión sin fianza para los siete encausados que siguen detenidos, entre los cuales tres sabadellenses.

Y así lo ha decretado el juez, a primera hora de la tarde. Prisión sin fianza, pero provisional a la espera del auto de procesamiento. La condena o absolución definitiva, que todo cabe de momento, la darán en su caso la sentencia y los eventuales recursos.

De momento, el juez instructor aún no ha resuelto el auto de procesamiento, en el cual ha de concretar las imputaciones de delitos y las correspondientes penas. Antes, Manuel Carcía Castellón lo consultará con fiscales y defensores, las “visitillas” en el argot judicial.

La fiscalía señala la comisión de tres delitos: “Tenencia de explosivos, conspiración para el delito de estragos e integración en grupo u organización criminal de naturaleza terrorista con la finalidad de subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública”,

La acusación, en lo que se ha publicado, apunta la intención de atentar en la red eléctrica, otras infraestructuras e incluso centros policiales (se ha mencionado el cuartel de la Guardia Civil en Canovellas) coincidiendo con el aniversario del 1-0 y la sentencia a los políticos procesados por aquellos hechos.

El más grave, a efectos penales, es el último de los tres. Si la tenencia ilícita de explosivos está penada con dos años, en caso de “finalidad y naturaleza” terrorista” la condena puede llevar a veinte. Y, en ello, “la integración en grupo u organización”, criminal por tanto.

Pero ,¿cual sería dicho “grupo u organización criminal terrorista”? Los CDR (Comités de Defensa de la República) no han llegado a tanto en sus coacciones callejeras, a las que incluso en Sabadell sometieron a Quim Torra. Lo de ahora, aún por ver, sería otra cosa.

La defensa de los tres encausados sabadellenses ha optado por una linea dura. La de usar el derecho a no declarar ante el juez y la Guardia Civil. Por liberal, y desde el XIX, el derecho penal español es de lo pocos que lo admiten. “Si se nos acusa de algo, que lo demuestren”.

Los reos no están obligados, más bien todo lo contrario, a autoinculparse. Antes y más que las declaraciones, valen los hechos constatados y probados, en sentencia. Y, respecto a los hechos, la información que ha trascendido hasta ahora es cuanto menos muy limitada.

Tener explosivos es lícito cuando la Guardia Civil los controla. Más por seguridad pública que por potencial delictivo, tanto en polvorines industriales como en grupos de “diables” o de “trabucaires”. También en Sabadell, los controlan sin más incidentes con tales entidades.

El delito estaría en eludir dicho control, y en la intención o finalidad que, tratándose más aún de algo tan grave como el “terrorismo”, debe fundamentarse en pruebas. El instructor, el juez Manuel García Castellón, deberá aclararlo en el auto de procesamiento y el sumario.

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