El Ayuntamiento contra el desastre ecológico de las “toallitas húmedas”: Lanza un video para que no se tiren al váter.

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No son biodegradables, porque aunque quizá no lo parezca se trata de plástico, y si se tiran al váter o al suelo, a la cloaca de un modo u otro, causan daños en la red de alcantarillado y dificultan la depuración de las aguas residuales. Se trata de un desastre, además muy caro.

En Valencia, el Ayuntamiento lleva gastados 20 millones de euros desde 2017, y se ha endeuaddo con ello, para limpiar tapones de toallitas en las alcantarillas. El más espectacular, llego a medir más de un kilómetro de largo en su colector principal, en el barrio de Pinedo.

El Ayuntamiento de Sabadell da datos más modestos en cuanto a gasto. En 2018 le costó 52.000 euros retirar las que llegaron a las dos depuradoras de la ciudad, a cargo de CASSA: Sant Pau de Riusec y Can Roqueta. Pero el volumen es importante: 240 toneladas/año.

Hay que tratarlas como plástico, lo que son. Y, por lo tanto, quienes las utilicen deben tirarlas a la basura correspondiente, nunca al váter. De ello va la campaña “SOS WC, de la Agència Catalana de l’Aigua, a la que el Ayuntamiento de Sabadell se ha adherido.

“El vàter no es una paperera”, señala el slogan de la campaña lanzada por dicho organismo de la Generalitat. El Ayuntamiento de Sabadell contribuye con un breve video, muy claro y con cierte componente localista, toda vez que muestra la silueta de la Torre de l’Aigua.

Pero, aunque también local, el de las toallitas humedas es un problema global. La patronal europea del servicio y tratamiento de auguas, Eur-Eau, calcula que en los paises miembros de la Unión tratar y eliminar las toallitas humedas echadas a las cloacas cuesta mil millones de euros anuales, y España va en cabeza de este derroche y estrago ecológico

La patronal Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamiento (AEAS) calculó que el tratamiento de las toallitas húmedas tiradas al inodoro constituyó un coste de entre los 4 y 6 euros por persona y año entre 2015 y 2017, lo que arroja un total de 180 a 280 millones de euros anuales en todo el territorio nacional. Se acaba pagando en los recibos. Y eso sin contar daños a comunidades de vecinos o domicilios particulares, donde también embozan.

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