Urbanizaciones inmobiliarias versus espacios protegidos.

URBANIZACION DE VALDECAÑAS

El Tribunal Supremo ha ordenado la demolición de la urbanización de lujo de Valdecañas, urbanización de lujo construida sólo para gente VIP, para gente guapa. La prensa, los particulares, Ia izquierda, casi todos hablan de que tanta superficie protegida donde no se puede hacer nada va a impedir la vida de la gente, el desarrollo de la región.

La Junta de Extremadura ha anunciado que va a recurrir esta decisión del Supremo.

Se trata de una urbanización de lujo construida donde nunca debió construirse, y nunca debió construirse no sólo porque es un «espacio protegido», sino porque por la Ley de Aguas, el Código Civil y otra más que no recuerdo ahora y que también tiene que ver con los recursos hídricos, está prohibido construir a menos de 100 metros del caudal de un río, lago o pantano. Una parte directamente y otra indirectamente porque es de uso público y tiene servidumbre de paso, amén de los caminos de sirga cuando se trate de ríos navegables.

Es decir, sea espacio protegido o no, ahí nunca se debió construir y no estamos hablando de unos chalets aislados en la sierra sino una urbanización junto al agua de un pantano.

Un pantano que para construir la presa se expropiaron las tierras a sus legítimos propietarios y ahora se construye en la misma linde del mismo una urbanización de lujo, con dos hoteles y campo de golf, entre otras novedades. Todo ello inexplicablemente avalado por la Junta de Extremadura. Por cierto que, en las fotos que aparecen en la prensa puede leerse «Urbanización privada, prohibido el paso», otra ilegalidad que vulnera la servidumbre de paso a la que por ley están obligados.

Respecto de la demolición y sus costes, debiera ir a cargo de los propietarios, pues todos sabían que la construcción era ilegal y sabían a lo que se exponían, prueba de ello es que en las escrituras, como medida de precaución hay una cláusula conforme a la cual si la autoridad competente ordenara la demolición, la constructora promotora se compromete a recomprar las viviendas por la misma cantidad en que las vendieron.

Sin embargo la constructora, que de entrada ya le vio las orejas al lobo, se encuentra actualmente en suspension de pago, lo que nos hace pensar que estamos ante una gran estafa ante la cual algo tendría que decir la Junta de Extremadura, porque, entre otras cosas, el derribo si lo hay, lo acabaremos pagando todos los extremeños, cuando el derribo, si lo hay, le correspondería pagarlo a los propietarios que ya sabían, por la referida cláusula de recompra, dónde se metían.

A los responsables de la Junta de Extremadura que autorizaron estas obras habría que exigirles responsabilidades legales, incluido el posible pago de compensaciones que pudieran solicitar los propietarios. A los mandatarios autonómicos les preocupa más el derribo de una urbanización ilegal de chalets para millonarios que el de cuatro chalets de clase media en el Cerro de Santa Barbara (que al estar en un cerro no molestaban a nadie).

La ley de aguas en ese aspecto, es muy similar a la ley de costas: «No se pueden construir edificaciones nuevas y, sobre las que ya hubieren, sólo se pueden realizar las obras mínimas indispensables para su mantenimiento».

Los que denunciaron la ilegalidad de la urbanización de Valdecañas fueron los ecologistas y sus motivos eran puramente ecológicos y por tanto el Tribunal Supremo se ha pronunciado sólo sobre tales motivos argumentados, el Tribunal Supremo ha decretado la ilegalidad de la urbanización conforme a que la misma está construida en un espacio protegido. Sin embargo, con independencia de la decisión del Supremo, lo cierto es que ahí nunca debiera de haberse construido, a pesar de que en el procedimiento nadie hiciera alusión ni al código civil, ni a la ley de aguas.

La polémica que surge ahora en Extremadura es si tanta superficie protegida va a auyentar la inversión, sin embargo la realidad es otra, dado que el que viene de turismo a Extremadura viene a eso, a ver naturaleza y monumentos, esto no es ni Madrid ni Barcelona.

Lo mencionado sobre el Cerro de Santa Barbara, casas particulares que fueron construyéndose poco a poco sin autorización en un cerro que hay enfrente de Plasencia. Aquí nadie protestó contra su orden de derribo, ni porque la Junta de Extremadura les cobrase el coste de la demolición a los propietarios.