Los extranjeros no comunitarios de saneada posición económica, desde 2013, han podido acceder al régimen de residencia en España a través de la inversión de más de 500.000 euros en bienes inmuebles. Ciudadanos chinos y rusos, mayormente, se han beneficiado de esa vía privilegiada de obtener el visado.
Ello, a su vez, ha posibilitado, en muchos casos, un descarado blanqueo de capitales dado que, incomprensiblemente, se ha estado mirando hacia otro lado, al no incluirse en ese tipo de transacciones la investigación de esos fondos, esto es, su procedencia. Y, a su vez, constituye un agravio comparativo para el resto de inmigrantes extracomunitarios sometidos a un proceso administrativo largo e intrincado. El acceso a la vivienda digna y adecuada constituye un derecho constitucional y no puede convertirse en un negocio especulativo que ha contribuido a incrementar considerablemente los precios de los inmuebles en zonas ya tensionadas, particularmente, turísticas, acelerando la gentrificación y propiciando los pisos turísticos. Su anunciada supresión, amén de la pretendida obtención de réditos electorales es de justicia material. Pero, además, debe venir acompañada de la inversión pública en viviendas sociales, singularmente para los jóvenes en edad de emanciparse.
José María Torras Coll
Sabadell