De lo artesanal al crimen organizado.

Una de las primeras, quizás la primera, de las descripciones literarias sobre el crimen organizado, nos la da Cervantes en su obra breve “Rinconete y Cortadillo” donde nos presenta a Monipodio y nos explica cómo funcionaba su patio en la Sevilla del Siglo de Oro, entonces la ciudad más populosa, rica e importante del Mundo aún no superada por Lisboa.

El “Patio de Monipodio” era el punto seguro de reunión de ladrones, mendigos, falsos mutilados, supuestos estudiantes y prostitutas que debían pagar a Monipodio una especie de “impuesto de circulación” para poder ejercer su profesión con tranquilidad. El sistema de sindicación del crimen, novedoso para su tiempo, se ha ido manteniendo en diversas formas hasta la actualidad y está basado en el principio general de que en toda ciudad importante ha de existir una autoridad central en el mundo del delito que autorice y al mismo tiempo controle quién puede y quién no puede ejercer en ese territorio. El tema, que dio origen a la llamada novela negra, ha sido llevado al cine en multitud de ocasiones, las más brillantes de todas ellas en «El Padrino I y II».

Ser delincuente en 2023 nada tiene que ver con el delincuente tradicional,  aquel que conocimos durante la Transición, el “Maquinavaja”, que dio origen a un muy ilustrativo cómic, llevado posteriormente al cine, donde Pajares pudo interpretar el papel de su vida bordando al personaje.

Makinavaja y su amigo Popeye son dos delincuentes, cuyo punto de encuentro para planear sus fechorías es un local  llamado «Bar El Pirata», en una callejuela cerca de la plaza Real de Barcelona. La narración de sus delitos nos resulta casi entrañable pues sólo vemos en ellos a dos personajes marginales, con un estricto código moral, que intentan salir adelante en un mundo lleno de injusticias.

Este delincuente, individual o en pequeñas pandillas de amigos, que podríamos calificar como “autónomos” o artesanos del delito (incluidos los atracos a farmacias y bancos) ya no existe, casi todos han muerto, fueron un producto de las circunstancias de la tremenda crisis económica y moral y de la tremenda extensión de la drogadicción que se desarrolló durante los primeros años de la Transición, básicamente en los barrios trabajadores. En general estos delincuentes no elegían ser delincuentes, normalmente las circunstancias les predestinaban a ello.

El Patio de Monipodio ha evolucionado mucho, ser ladrón  y oficios anexos, ya no es cosa de pobres, ahora es una profesión. La delincuencia actual está especializada, son empresas, ya sea en la corrupción política, en el tráfico de drogas, en la trata de blancas, en el tráfico esclavista, o en la sustracción de vehículos de alta y baja gama para venderlos en terceros países, todo son empresas donde hay que hacer grandes inversiones previas para luego poder repartir dividendos; no todo el mundo tiene la capacidad económica necesaria para la creación de estas sociedades delictivas, empresas jerarquizadas con sus soldados y sus mandos intermedios y superiores, siendo en el tráfico de estupefacientes y en la trata humana en sus diversas variantes donde mejor se puede apreciar esta jerarquización.

Sin temor a equivocarnos podríamos fijar el mes de marzo de 2004 y los luctuosos acontecimientos ocurridos durante el mismo en la estación de Atocha de Madrid, como el momento de inflexión, pues hasta entonces el aparato policial y judicial del Estado estaba pensado y no tenía grandes problemas para dar respuesta a aquella delincuencia artesanal, la del Maquinavaja, el último chorizo; aún no se conocían en España, ni los asesinos en serie, ni las manadas de violadores (en aquella delincuencia la vida de un violador en la cárcel no valía nada, por ello había que ponerlos aparte del resto de presos). Tampoco eran conocidas en España organizaciones criminales que ya existían en otros países, como mucho, sus jefes superiores vivían afincados en alguna localidad turística costera, donde desde el anonimato dirigían sus negocios en el extranjero, pero sin crear problemas internos entre nosotros.

En los últimos 15 años Barcelona, y el resto del país, se ha llenado de un tipo de delincuencia que hace uso  de  una violencia extrema hasta hace poco desconocida por estos lares. El Estado está haciendo grandes esfuerzos por adaptarse a este nuevo tipo de delincuencia, una parte importante de la cual, la más violenta, es de importación de países donde la vida humana vale bien poco. Como muestra sólo hay que ver  que hace quince años los policías, salvo unidades especiales,  salían a la calle vestidos de policías, hoy cualquier policía de cualquier cuerpo, local, autonómico o estatal, sale a la calle equipado como si de infantería de combate se tratase, como si la calle fuese un campo de batalla, y lo cierto es que en ocasiones lo parece.

El Estado va a remolque de  estas organizaciones criminales bien organizadas y bien engrasadas económicamente. El Estado, básicamente la policía, hace grandes  avances en la represión de las mismas, con cierto éxito en el tema de la ciberdelincuencia, pero tanto la legislación penal como el aparato judicial siguen anclados en el mismo sistema ideado para la represión del delincuente individual y artesanal, el Maquinavaja, el sistema no está preparado para lo que se nos ha venido encima.

La profesionalización del delito hace que las detenciones y posibles ingresos en  prisión sean vistos como algo parecido a “riesgos laborales”, y así, lo mismo que un minero puede coger la silicosis, un albañil puede caerse de un andamio o un bombero puede morir en un incendio, ellos corren el riesgo laboral de pasar una temporada, no muy larga, en prisión, pero,  si tenemos en cuenta que de cada diez operaciones, sólo les pillan en una, dos o tres veces , es que estamos ante un negocio que da un interés del 70, del 80 y del 90 %. Ningún negocio legal puede presumir de una cuenta de resultados así.

A todo ello se suma la quiebra del principio de autoridad, que implica al mismo tiempo la quiebra del principio de seguridad jurídica que puede verse perfectamente en las ocupaciones ilegales de inmuebles, donde el Estado mira para otro lado y descarga su responsabilidad en el ciudadano concreto como si fuera el perjudicado quien hubiera de garantizar a terceros ocupantes el genérico derecho constitucional a la vivienda.

Es de incautos no querer ver que hay colectivos cuyo modus vivendi es el delito, mundo en el cual se encuentran muy a gusto y del cual ni quieren salir ni mucho menos oír hablar de la cosa esa de la «reinserción».

Hace unos días en TV-3 un mando policial de los mossos afirmaba que en Cataluña en el tema de las plantaciones de droga hemos superado la primera fase, la de la implantación y nos estamos adentrando en la segunda fase, la de la economía delictiva, es decir, las plantaciones necesitan sembradores y recolectores, transportistas, albañiles, electricistas y otros muchos oficios de manera que se está creando una economía paralela que da en estos sectores una falsa sensación de prosperidad, prosperidad que peligra si la represión del delito tiene éxito, lo cual conlleva, y así ocurre ya en el Estrecho, un no desdeñable apoyo social al delito cuyos efectos económicos irradian y aprovechan a la parte de la sociedad no delictiva, que acaba viendo el delito como un mal menor. En Cataluña el narcotráfico aún no ha penetrado en el Estado, ese es el tercer nivel, según señalaba dicho mando policial, cuando la ingentes cantidades de dinero efectivo que genera el narcotráfico sirve para la financiación de partidos políticos y para la compra de voluntades, de manera que es el narcotráfico mediante ingentes inyecciones de dinero quien acaba infiltrando al Estado y ahormando la sociedad a sus necesidades.