Es la pregunta que se hacen muchos ciudadanos.
Una ajustada y pírrica victoria del PP no le sirve para lograr la investidura. Es insuficiente. No ha alcanzado la ansiada mayoría absoluta con la suma de los escaños de Vox.
Resultados y expectativas no siempre se dan la mano.
El PSOE, con menos escaños, puede reeditar un enrevesado Gobierno de coalición. Sin embargo, el Senado estará poblado por el PP.
Para poder seguir en la Presidencia, Sánchez necesita el apoyo de Junts, de los siete magníficos.
¿Qué precio está dispuesto a pagar?
La llave de la gobernabilidad, aunque parezca un despropósito, la tiene Puigdemont. Para unos, un exiliado, un represaliado, y, para otros, un prófugo de la justicia.
El precio, a buen seguro, será la petición de la cacareada amnistía y el referéndum de autodeterminación.
Paradojas. La Fiscalía pide al Juez Llarena la reactivación de la Euroorden de detención del líder de Junts mientras Pedro Sánchez encarga a Sumar abrir negociaciones con Puigdemont. Hipocresía e inmoralidad. Todo por gobernar.
Se instala la incertidumbre y la inestabilidad política en un contexto de polarización. Se reabre el debate acerca de la conveniencia de que quien obtenga más votos, más escaños, la lista más votada, debería gobernar.
Unas nuevas elecciones complicarían más el complejo escenario.
El PNV tiene la otra llave de la gobernabilidad, pero ya ha dado un sonoro portazo al PP cerrando el apoyo para la investidura.
Los constitucionalistas del PSOE y PP podrían impulsar un gobierno de concentración al estilo alemán anteponiendo los intereses del Estado, soltando el pesado lastre de los extremismos entorpecedores.
Esa hipótesis, deseable para un gran sector de la sociedad para el desbloqueo político, se antoja ilusoria.
Así las cosas, a menos que se imponga la racionalidad, la responsabilidad, la altura de miras y el sentido de Estado, estamos abocados a un callejón sin salida.
Un panorama desolador.
José María Torras Coll
Sabadell
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