Lo que se debate en el Congreso de Diputados es el infame precio por conservar a toda costa, cueste lo que cueste, con desprecio al principio de igualdad de los españoles y deslealtad institucional, el poder de quien no tiene escrúpulos en mentir de manera compulsiva.
Perdón, como el propio personaje respondió al periodista que le interlocutó, de quien tiene la osadía o la debilidad, sin despeinarse ni inmutarse lo más mínimo, de cambiar de opinión cuando le viene en gana, para blindar la impunidad de quienes se alzaron contra el orden institucional y constitucional. De quien engaña a su propio electorado y le trae sin cuidado el fraude electoral.
Bajo el subterfugio de un supuesto interés general, lo que en realidad subyace, es la desmedida conveniencia particular del líder socialista, su enfermiza ambición de poder.
Se perpetrará una ley de amnistía, un auténtico despropósito jurídico, tramitada a toda prisa, como proposición de ley, cuando lo cierto es que no se trata de una iniciativa del poder legislativo, sino alumbrada por el Gobierno en funciones, coercido por la imperiosa necesidad de asegurarse un puñado de votos para la investidura.
Una ley, de tanta relevancia y trascendencia, que debería encauzarse por el sendero del proyecto de ley.
Sin embargo, se persigue su máxima celeridad, cediendo paroxísticamente a las presiones de Junts y ERC para sortear los preceptivos informes, es decir, el control de los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado.
Y lo que es aún más grave, se hurta, con escandaloso ninguneo, la consulta de la soberanía popular, se impiden las elecciones democráticas o que se celebre un referéndum estatal, rindiendo pleitesía mayestática, a un prófugo, perdón otra vez, a un exiliado de la Justicia que no escatima pretensiones.
Sencillamente, las elecciones ni le interesas ni le convienen.
Si a algún Diputado socialista le queda un resquicio de honestidad, coherencia, dignidad, lealtad institucional, y, sobre todo, de decencia y responsabilidad, no podría ser tildado de tránsfuga al votar en contra de una investidura que avala la impunidad de las condenas por malversación, la corrupción y la prevaricación declaradas por los Tribunales de Justicia en un Estado de Derecho.
José María Torras Coll
Sabadell