Como reza el refrán popular, zapatero a tus zapatos. Es decir, cada uno debe ocuparse y preocuparse de sus asuntos, de su profesión, de su cometido y opinar sólo de lo que entiende, evitando inmiscuirse en lo que no le afecta ni entiende, ni le incumbe.
Pues bien, al hilo de ello, resulta que la Mesa del Congreso ha admitido a trámite dos Comisiones de Investigación parlamentaria con la indisimulada y preclara intención de señalar a determinados jueces, a someterles a un sonrojante, indigno y humillante descrédito y desprestigio, mediante un miserable escrutinio, so pretexto saduceo de contar con el respaldo democrático de la manoseada soberanía nacional depositada en la Cámara y denunciar un supuesto “lawfare”.
Se imaginan a un grupo de neófitos, marcadamente ideologizados, escrutando con sus afiladas miradas e hirientes interpelaciones al Presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y al resto de magistrados que formaron el Tribunal del llamado juicio del procès. O al Magistrado Juez Instructor. ¿Acaso se pretende que acudan a esa pública humillación.?
Una odiosa y repugnante politización de la justicia, a impulso de quienes se verán beneficiados de la anunciada Ley de Amnistía, a la carta, cuando un dividido Tribunal Constitucional otorgue su beneplácito.
Es el precio del peaje de la investidura.
Desde el ámbito del poder no se debe interferir en la función del otro poder.
No es que el foco de desencuentro se sitúe en la anunciada aprobación de la Ley de Amnistía, a conveniencia, ni que ello incomode tan sólo a una parte de la judicatura, lo grave es que, sin fisuras, de manera unánime, jueces y fiscales de carrera han reaccionado desaprobando la insólita intromisión del poder legislativo en el judicial.
Que nadie se engañe, no son sospechas infundadas de animosidad o de connivencia. Se trata de ostentóreas realidades, las injuriosas insinuaciones, cuando no atronadoras acusaciones de lawfare. Es una lucha enconada y persistente por acaparar el poder omnímodo.
Una inaceptable quiebra del Estado de Derecho.
Además de subvertir la presunción de inocencia, como recientemente ha declarado el Tribunal Constitucional, esa actividad inquisidora, indagatoria, la de las Comisiones de Investigación parlamentarias “ad hoc”, constituye una inusitada e inaudita afrenta a los miembros de la carrera judicial, un atentado a la División de Poderes, una injerencia inadmisible.
Se pervierte el sistema constitucional.
No es dable una supervisión de la excelsa función jurisdiccional por ningún otro poder del Estado.
Es un ataque, sin precedentes, a la independencia judicial.
Un mayúsculo desprecio al Estado de Derecho que queda herido de muerte, si nadie lo remedia.
Por lo demás, la querella presentada por Sumar que, no se olvide, forma parte del Gobierno, amén de que adolece de manifiesto recorrido, de viabilidad de la acción penal, resulta contradictoria, pues se clama contra la “intromisión” de los Tribunales en materias políticas, y se acude a los Tribunales para que intervengan en problemas de meridiano contenido político, como es el debate acerca de la corrección o improcedencia de la ley de la amnistía cuando se da la circunstancia, no menor, que esa ley de Amnistía ningunea el informe preceptivo del órgano de gobierno del poder judicial, al tramitarse como proposición de ley y no como proyecto de ley.
Se trata, la interposición de una querella, alejada del interés de la justicia que es la condición que ha de presidir el ejercicio de una acción penal, ya que se trata de un acto meramente propagandístico inspirado en exclusiva en el deseo de transmitir a la opinión pública la idea de que el CGPJ actúa al dictado del PP. Persigue polarizar a la sociedad, dividirla.
Los Partidos Políticos deberían contribuir a “despolitizar” la justicia y a “desjudicializar” la política, absteniéndose de instrumentalizar artera y torticeramente los mecanismos procesales penales para fines desviados, espurios o incluso abyectos. Una merecida multa por ese infundado uso de una querella estaría más que justificada.
La Unión Europea debe pronunciarse con celeridad, rigor y contundencia.
José María Torras Coll
Sabadell