UNA LEY BURLADA.
La Ley de Vivienda está desplegando efectos distorsionadores altamente perniciosos en el mercado inmobiliario.
Debilita el derecho del propietario al imponerle exigencias adicionales para poder desalojar al moroso y al ocupante ilegal con la consiguiente ralentización del lanzamiento con el justificativo de la vulnerabilidad.
Se encarece el precio del alquiler de la vivienda, dificultando el acceso de los jóvenes, retrasando su emancipación.
Las hipotecas, con el Euribor disparado, están imposibles. Y los alquileres en las grandes ciudades inasumibles.
Los caseros se valen de todo tipo de argucias para eludir el intervencionismo instaurado por la Ley de Vivienda.
Se finta el tope legal con el alquiler de habitaciones que no se halla regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos lo que permite al propietario subir el precio por encima del tope legal.
Las inmobiliarias, a su vez, cobran una comisión que es práctica ilegal en cuanto al alquiler de la vivienda.
Posibilita la resolución de contratos de recursos habitacionales sin estar atado por el plazo legal del arrendamiento de vivienda.
Se incrementan exponencialmente las plataformas especializadas en ofrecer pisos compartidos.
Es el efecto búmeran de un legislador que habita en la inopia.
José María Torras Coll
Sabadell