Editorializa “La Vanguardia”, ” Un suspensión desacertada”, aludiendo a la reunión que tenía concertada el Presidente del Tribunal Supremo con el Ministro de Justicia.
Con respeto, disiento del calificativo.
Por mucho que el Ministro, a destiempo, en el Senado, respondiese que no comparte en absoluto las aceradas críticas efectuadas a Jueces y al Poder Judicial por la portavoz de Junts en el Congreso de Diputados, y, enfatizase, el prócer que España es un Estado de derecho, una democracia plena y resaltase que los jueces actúan con independencia y con separación de poderes, no pueden aceptarse las gravísimas imputaciones, en forma de desmanes verbales, con abiertas acusaciones de delito continuado de prevaricación, mentando, señalando, nombres y apellidos de magistrados, ante el estupor general de la audiencia, cada vez, por cierto, más escasa.
Es harto censurable la pasividad e inacción de la Presidente de la Cámara, inobservando el Artículo 103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, cuando contempla que” Los Diputados y los oradores serán llamados al orden: 1º. Cuando profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad. “
Ninguna llamada al orden por parte de la Presidenta silente.
A su vez, complacencia omisiva de los congresistas del PSOE, pese a cuestionarse impunemente desde la tribuna de oradores, la probidad, la honestidad y profesionalidad de quienes integran la carrera judicial.
En ese contexto, lo lógico es que se dé una respuesta o cuando menos se muestre un estado de ánimo, y, con elegancia, sin aspavientos, por circunstancias sobrevenidas, se acuerde el aplazamiento o posposición de esa reunión.
Ello no es desacertado ni inadecuado. Es fruto de la sensatez y la cordura. Es tambien un ejercicio de responsabilidad.
Debe comprenderse el enojo, la tremenda indignación que esa intervención parlamentaria ha suscitado.
Una muestra más de un imparable proceso de decadencia y degradación institucional.
Resulta bochornoso e intolerable que se use un foro parlamentario no solo para despotricar de forma lenguaraz, sino para menospreciar y denigrar a unos determinados magistrados y, por extensión, a un colectivo, el judicial, que constituye la garantía del respeto a la democracia y al Estado de Derecho.
Es lamentable que, en una sociedad avanzada, cuyo Gobierno se vanagloria de “progresista”, y, se prodiga en la evocación del Estado de derecho, se permitan tales desafueros propios de países arrabaleros que nos retrotraen a las convulsas Repúblicas bananeras.
José María Torras Coll
Sabadell